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FSC-CCOO Sector Administración Local | 24 de abril de 2024

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La contradicción por gobierno

El pasado viernes, 21 de junio, el Gobierno de la Nación aprobó el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que supone un elenco de medidas de un calado indudable que, de llevarse a cabo, supondrán una quiebra del actual escenario y un, más que probable, punto y aparte en el desarrollo del Estado del Bienestar en nuestro país.

27/06/2013.

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Carlos J. López Inclán, secretario general de FSC-CCOO de Castilla y León.

Carlos J. López Inclán,- secretario general de FSC-CCOO de Castilla y León

Las diferentes propuestas de dicho informe no dejan lugar a dudas de que la pretensión del actual Gobierno es caminar hacia un adelgazamiento del sector público basado tanto en la dejación o disminución de los servicios prestados, como en el deterioro del empleo público y de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público y, todo ello, sin escatimar esfuerzos en rebajar la calidad democrática de nuestras instituciones.

Sin embargo, y aquí comienzan las contradicciones, en la parte inicial del informe, donde se hace referencia a las grandes cifras del sector público español, se constata que España se sitúa entre los 10 países con menor gasto público en porcentaje de PIB (43.4%), según datos de la Comisión Europea, frente al 49,9% de la media europea (Francia el 56,6%, Alemania el 46%, Reino Unido el 48,1%, Italia el 50,7%).

Respecto del empleo público, reconoce que, frente al fuerte crecimiento en el periodo 2007-2011, durante el 2012 se produjo una destrucción que ha compensado y sobrepasado dicho crecimiento. En la actualidad, el empleo público en España representa un 10% cuando la media europea se encuentra en el entorno del 15%.

¿En qué lógica se sustenta, por tanto, el que las medidas propuestas sean únicamente de adelgazamiento?

Recordemos antes de contestar a esta pregunta alguna de las estrategias propuestas en el informe del CORA:
- Disciplina presupuestaria y trasparencia pública, que se basa en el equilibrio presupuestario.
- Racionalización del sector público, con la disculpa de la eliminación de duplicidades irrumpe en las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
- Racionalización de la administración institucional y del sector público empresarial y fundacional, supone la eliminación de entidades como el Consejo de la Juventud, multitud de fundaciones y otras entidades públicas.
- Reforma local, supone la práctica desaparición de un importante número de entidades locales y la eliminación de competencias y servicios que prestan en la actualidad.
- Medidas de empleo público, entre las que se encuentran la congelación de la oferta pública de empleo, la supresión de los días de asuntos propios, aumento de la jornada?
- Reforma de la ley de subvenciones, limitando las cantidades de financiación pública de algunas modalidades e gasto.
- Impulso de la administración electrónica.

He señalado algunos aspectos de los más significativos dentro de los 18 ejes comprendidos en los cuatro capítulos en que se dividen el conjunto de propuestas del informe.

Fijándonos más detenidamente es fácil darse cuenta de que el hilo conductor de todos estos ejes es el de la reducción del gasto, tanto en lo referido en el número y condiciones de los empleados y empleadas públicos, como en la disminución de competencias y servicios prestados y, también, como por la disminución de órganos de participación y control que son los que aseguran la calidad democrática de las instituciones.

Intentaré ahora responder a la pregunta enunciada algunos párrafos atrás. Desde mi punto de vista la única explicación posible es que el Gobierno pretende la "mejora? de las Administraciones Públicas, en un país donde sustancialmente el sector público es bastante reducido, desde una posición que se encuentra entre una concepción ideológica y de carácter económico.

Este Gobierno no cree en el sector público porque no lo necesita, ni el propio gobierno ni aquellos para los que gobierna. "sus gobernados?, élites del terreno económico, financiero y, por supuesto la iglesia, pueden permitirse de forma privada la mayoría, sino la totalidad, de los servicios que hoy prestan el conjunto de administraciones, en muchos casos de forma gratuita y universal.

A lo anterior sumaremos que el adelgazamiento del sector público provoca un doble efecto económico beneficioso para los intereses de estos grupos, una menor presión fiscal y la posibilidad de negocio en los sectores que sustituyen a la Administración, siempre en función de la demanda de las clases medias, que suelen ser las pagadoras netas de estas políticas (las clases más desfavorecidas son expulsadas directamente del sistema).

¿Hay alternativa?

Sin duda, no solo existe una alternativa en el terreno social, más justa y más solidaria, también se puede discutir en el propio terreno económico. El primer concepto que hay que combatir es el que se utiliza para definir eficiencia, siempre en consonancia con la disminución del gasto. Eficiencia significa también hacer más cosas con los mismos recursos.

Con el actual gasto público, realizando mejoras en el conjunto de las administraciones (sin duda necesarias) se podría dar un mayor y mejor catálogo de servicios al conjunto de la ciudadanía.

Por otro lado, si comparamos con algunos de los países más desarrollados de nuestro entorno, los países nórdicos por ejemplo, la conclusión es irrefutable, el nivel de desarrollo del Estado del Bienestar va en consonancia con el mayor gasto público y con un mayor nivel de empleo público sin que ello suponga una menor eficiencia económica del país.

Finalmente, ¿cómo es posible seguir por una senda de recortes que no parece tener fin y aún no se haya hecho nada para perseguir el fraude fiscal? Esta sería la primera medida de la profunda reforma fiscal que necesitamos. Actuar seriamente sobre los ingresos es el futuro, lo demás solo es construir un país pobre y deprimido.