Informe realizado por la FSC-CCOO de Andalucía

Se va a producir un desmantelamiento de los servicios más cercanos a la ciudadanía y todo por esa entrega al déficit cero como buenos súbditos de la Troika y el Fondo Monetario Internacional que sostienen el mandato de adelgazar lo público y rezar el mantra de menos estado.

En la actual Ley de Bases de Régimen Local (L7/1985 RBRL), en su Artículo 25 se recoge: "El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal", sin embargo, en la nueva redacción, que añade numerosos requisitos económicos para poder ejecutar estas competencias propias con costes estándar y muchas posibilidades de ser eliminadas, privatizadas o que pasen a ser prestadas por la diputación. Así mismo desaparece el Artículo 28 que especificaba que: ?Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente?.

Este marco normativo ha hecho de la Administración Local una referencia clara para la promoción de actividades, así como para la prestación de servicios para que la comunidad vea satisfechas sus necesidades y aspiraciones en materia de igualdad, sin menoscabo de las competencias de otras administraciones. Sin embargo, con la eliminación de este Artículo 28 y la imposibilidad que se refleja en el anteproyecto de ley de que las competencias y políticas de igualdad sean delegables a municipios de más de 20.000 habitantes desde las comunidades autónomas o la Administración del Estado, se cierran todas las posibilidades de promoción de cualquier actividad por parte de los municipios para el fomento de la Igualdad y/o la prevención, tratamiento y eliminación de la violencia de Género.

Normas legales de obligado cumplimiento

La igualdad es un principio básico de la Constitución Española y está recogida en sus artículos 14 y 9. Principio que recoge Estatuto de Autonomía para Andalucía. En este último caso las competencias en materia de política de género están recogidas en su Artículo 73, siendo una materia de ejercicio compartida con las administraciones locales en orden a sus competencias.
En el caso de las administraciones locales, sus políticas tienen como función mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas y ese cometido tiene como eje principal la Igualdad. De hecho tanto las políticas comunitarias, estatales y de comunidad autónoma marcan un camino que termina, hasta ahora, en los gobiernos Locales.

La Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local invita a las entidades locales a hacer uso de sus competencias en favor de una mayor igualdad entre todas las personas. Una invitación que se convirtió en obligación en 2007 con la aprobación de  la Ley Orgánica 3/2007 de 22 marzo para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. En el Artículo 14 se establece el criterio de colaboración y cooperación de las Administraciones Públicas y entre éstas y los agentes sociales en temas tan importantes como la erradicación de la violencia de género.

Hasta ahora las comunidades autónomas han creado sus propias estructuras de igualdad y las corporaciones locales estudian cómo afectan en su territorios cuestiones como los planes locales de Igualdad, los planes municipales para la erradicación de la violencia de género y los planes municipales de organización del tiempo de trabajo.

La reforma prevista para las administraciones locales viene a dar en la línea de flotación de la aplicación y vigilancia de las políticas de igualdad internacionales, europeas (Reglamento/1.257/1999) y estatales aplicables a España en el ámbito rural. Las mujeres perderán el primer eslabón de actuación en igualdad, prevención y tratamiento de la violencia de género. La Administración Local es la más cercana a la ciudadanía y ésta es la  que mejor conoce su entorno pudiendo elaborar mejores diagnósticos, proyectos y evaluaciones.

Además, a todo esto se une la desaparición de competencias en materia de servicios sociales. Se vuelve al pasado en políticas de igualdad en el ámbito rural y local cuyo efecto más peligroso es el retroceso en erradicar la violencia de género.

Desatención del problema de la violencia de género

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género desarrolla un aspecto importante del Artículo 15 de la CE y aborda desde todos los ángulos la lacra que es la violencia de género en nuestra sociedad. El ámbito de la ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas y para ello implica a todas las administraciones públicas en su Artículo 19, citando expresamente a las corporaciones locales en sus políticas sociales, y más en concreto a la colaboración de las policías locales (Artículo 31.2).

Si todo esto desaparece. Si desde los ayuntamientos no se puede realizar esta labor tan importante de vigilancia, prevención y atención a los casos de violencia que sufran sus vecinas muchas mujeres van a sufrir un duro golpe.

Para la Federación Española de Municipios y Provincias afrontar la violencia de género desde el ámbito municipal es prioritario para luchar contra ella. A la hora de emprender una estrategia local de intervención integral contra la violencia de género, es preciso tener "un claro conocimiento de la normativa, tanto estatal como autonómica vigente y, en su caso, de los planes y protocolos de coordinación interinstitucional y de actuación de aplicación?. Como no puede ser de otra manera, la federación hace una apuesta clara por la intervención local contra la violencia que sufren más de 600.000 mujeres al año en nuestro país.

"La violencia de género es la manifestación extrema de desigualdad, la evidencia del déficit democrático y uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres? tal como recoge el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. En 2012 se anunció el plan para 2013 que obliga al "Gobierno y al conjunto de los poderes autonómicos y locales a garantizar el total disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres, asegurando el pleno ejercicio de su condición de ciudadanas?. Este Plan se vio completado por la adopción de un Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2007 que recogía una serie de medidas y que fue corroborado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Entre otras actuaciones, recoge medidas contra la violencia de género en el ámbito rural. Medidas que de seguir adelante con la propuesta de reforma de la Administración Local desaparecerán.

El papel de las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas han tomado buena nota del papel que juegan las administraciones locales en este tema. En Andalucía existen 169 centros municipales de información a la mujer, subvencionados en parte con fondos autonómicos pero que dependen directamente de las concejalías con competencias en igualdad. Estos centros municipales han atendido a 160.000 mujeres, más de 25.000 de estos casos eran de violencia.

En la Región de Murcia se impulsaron las mesas locales de coordinación contra la violencia de género, impulsadas por la comunidad y liderado en cada ayuntamiento por la concejalía competente en la materia.

En la Comunidad de Madrid existe una red integral que cuenta con los puntos municipales del observatorio regional de violencia de género, constituidos para abordar la prevención de la violencia de género y la atención de las víctimas de modo integral a través de la coordinación entre los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Asuntos Sociales.

Nos atrevemos a asegurar que en todas y cada una de las comunidades existen herramientas compartidas con los ayuntamientos para garantizar lo más posible la igualdad en su territorio y como colaboración para afrontar y prevenir los casos de violencia.

Se hace imprescindible la coordinación entre los poderes del Estado para eliminar esta lacra social, la cooperación entre administraciones y la atención temprana de los casos. Si la víctima tiene que desplazarse a otro municipio o a la capital de la provincia será un escollo más para que tenga asesoramiento y atención temprana. La violencia no es un tema de índole doméstico, es un problema de la sociedad y, por lo tanto, todos debemos estar implicados en su tratamiento para eliminarla. Las entidades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria.

La deuda de las administraciones locales en 2012 era el 4,59% del total de la que tenían las Administraciones Públicas (3.9% PIB) y el ahorro que la reforma de los ayuntamientos va a suponer, si se produce, es exactamente igual a la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento de Madrid. Son las administraciones locales las que mejor han contribuido a mejorar el déficit. Mientras que el Estado terminó el año con un déficit del 3,83% sobre el PIB y las comunidades autónomas con el 1,73%, las entidades locales quedaban con el 0,20%.

FSC de CCOO denuncia que el verdadero objeto de esta reforma es sólo un lucrativo negocio de más de 45.000 millones de euros. Hacer un ejercicio de neoliberalismo descarado que conlleva el adelgazamiento de lo público, la desatención total a la ciudadanía y sus problemas. La coyuntura económica no puede ser un argumento ni una escusa para retroceder varias décadas en la igualdad y retrotraernos a situaciones que hacen invisibles vulneraciones de derechos humanos y ataques a la libertad individual.

En el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se recogen medidas que nos llevarán a una importante pérdida en derechos y servicios por puros criterios de sostenibilidad económica y economicistas. Poner únicamente como unidad de medida el coste económico vendrá a relegar a los municipios y las administraciones locales al papel de eslabón en la economía de escalas, perdiendo todo interés en la sociedad y el bienestar de la misma, que no se nombran en ningún momento en el texto.

El ahorro que dicen tendrá esta ley será económico, pero el coste va a ser democrático y social. Esta reforma cuestiona todo un conjunto normas del que nos hemos dotado en nuestro país para luchar contra las desigualdades ?entre ellas leyes orgánicas-. Igualmente, surge la duda de la subsidiariedad, que desempeña un papel importante en cuanto al derecho de igualdad y su aplicación. Asimismo, entra en juego el principio de autonomía local, principio constitucional que queda en entredicho en el proyecto de esta norma.

Por mandato comunitario, el Gobierno está obligado a través de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, a acompañar a todo proyecto de ley de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

Estoy expectante por ver, en primer lugar, si se cumple este mandato y, en segundo lugar, aterrado por el resultado de este informe.