CCOO, también ha reiterado al subsecretario que el Gobierno debe retirar su decisión de privatizar los registros civiles y abrir un proceso de negociación que ha eludido desde que, en octubre de 2012, emprendiera su camino hacia la privatización y que ha negociado durante meses exclusivamente con los registradores.

Asimismo, este sindicato le conmina a incluir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la garantía escrita de que todos los puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia, destinados en cualquier registro civil de España (incluidos los juzgados de paz) se mantendrán tras la reforma.

El subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los puestos de trabajo del personal de los registros civiles destinado en las comunidades autónomas transferidas.

Y respecto al personal no transferido, el subsecretario de Justicia no ha sido capaz de responder con claridad a CCOO, porque ha sido incapaz de explicar las garantías que introducirá en la ley para asegurar el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perderán en los registros civiles con esta insensata e injusta decisión del Gobierno.

Las explicaciones del subsecretario de Justicia en la reunión, definida por él mismo como meramente informativa, tras más de 18 meses en que el ministro Gallardón ha insistido en la privatización de los registros civiles y negociado exclusivamente con los registradores, han sido para justificar los motivos de esta decisión del Gobierno.

Afirmaciones del subsecretario de Justicia en esta reunión:

- Según el subsecretario, el Registro Civil seguirá siendo gratuito.
- Afirma que los datos privados seguirán igualmente protegidos como hasta ahora.
- Dice que la plataforma tecnológica se pagará a cargo de los registradores mercantiles.
- Mantiene que la cobertura territorial con los registradores mercantiles será mejor que la prevista en la Ley 20/2011.
- Según el subsecretario, donde no exista oficina de registradores mercantiles, las notarías podrán ejercer esa función de forma gratuita y, si no es posible, esa función la harán las oficinas de paz que se creen con personal del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
- Está seguro que las Administraciones Públicas no asumirán costes con esta decisión.
- El Ministerio de Justicia afirma que incluirá en la LOPJ otras funciones para las oficinas de paz, cuestión que venía siendo demandada de forma insistente por CCOO, como información al ciudadano de sus derechos y estado concreto sobre las actuaciones de la que es parte, funciones de orientación a las víctimas, recepción de escritos en los que no sea preceptivo el procurador, actos y comparecencias mediante videoconferencias, labores de apoyo en mediación. La expresión que en el régimen transitorio las plazas de las oficinas de paz serán ocupadas por personal de Cuerpo de Gestión, no garantiza el mantenimiento de todas las plazas de todos los cuerpos de los actuales juzgados de paz.
- Asegura que con su proyecto que privatiza los registros civiles, disminuirán de forma importante tanto las inscripciones, como las certificaciones como los expedientes de nacionalidad.

Respuestas de CCOO a las afirmaciones del subsecretario:

Que el Ministerio de Justicia es incapaz de garantizar la gratuidad del Registro Civil y en breve el Gobierno incrementará los aranceles o los impuestos a los ciudadanos o lo pagarán los usuarios directamente. Además, se pone en riesgo la privacidad y confidencialidad de datos especialmente protegidos cuando pasan a ser gestionados por personal de un ámbito privado.

Para CCOO, el subsecretario ha sido incapaz de explicar cómo va a poder obligar a los registradores mercantiles a asumir un coste, como el de la plataforma tecnológica, de ese calado por imposición, y le acusa de falsedad cuando afirma que la cobertura con la privatización será mejor, pues con la actual estructura de los registros civiles servidos por personal de la Administración de Justicia, la cobertura es inmensamente mayor.

CCOO le ha instado a que garantice con meridiana claridad que  la plantilla de cada oficina de paz contará con todo el personal, y de todos los cuerpos, actualmente existente en cada juzgado o agrupación de juzgado de paz. Asimismo, CCOO ha exigido que esta garantía se introduzca en la LOPJ.

Por otro lado, el sindicato le reprocha que si Gallardón hubiera puesto a disposición del personal de la Administración de Justicia los medios tecnológicos que va a facilitar a los registradores mercantiles para materializar la privatización del Registro Civil, la situación de este servicio público habría mejorado exponencialmente.

Posteriormente, el subsecretario informa:

- Que la ley que tramitará el Congreso a partir de septiembre, procederá a la creación de un archivo en cada comunidad autónoma en dónde se agruparán todos los libros de los registros civiles actuales de su territorio, transformando edificios de registros exclusivos actuales en archivo. Del traslado de los libros y su mantenimiento en el archivo se encargarán las comunidades autónomas y de la gestión del archivo se encargarán los registradores mercantiles.
- Que los registros civiles únicos o exclusivos seguirán funcionando hasta el 31 de diciembre de 2016, en que finalizará el período transitorio de puesta en marcha de la plataforma electrónica.
- Que no corresponde a la mesa sectorial negociar el proyecto de ley de los registros civiles que sustituirá a la Ley 2011, una vez que el RD-Ley 8/2014  (aprobado por el Gobierno el 4 de julio y que ya ha sido convalidado por el Parlamento con los únicos votos del PP) se transforme en proyecto de ley a partir del mes de septiembre.
- Y lo más escandaloso, el subsecretario ofrece con un desparpajo intolerable, dando un plazo de solo 7 días no ampliables, convocará mesa sectorial para negociar una disposición transitoria (semejante a la disposición transitoria 8ª de la ley 2011) sobre el estado en que quedará el personal de la Administración de Justicia destinado actualmente en los registros civiles del ámbito no transferido. Porque al resto del personal, el destinado en las comunidades autónomas transferidas, ya ha afirmado que no les garantiza los puestos de trabajo. Y la propuesta la remitirá el 16 de julio.
CCOO ha apoyado la propuesta de CIG de que dicha negociación puede demorarse tanto como sea necesario porque puede ser introducida en cualquier ley en trámite parlamentario, ya que, según las afirmaciones del subsecretario, la ley en su conjunto tardará dos años en entrar en vigor completamente.

Además de refutar cada una de las manifestaciones del subsecretario de Justicia, CCOO ha presentado también en la reunión que:

1.- Va a continuar ejerciendo todas las acciones legales y sindicales que consideremos necesarias para impedir la privatización de los registros civiles, manteniéndose la convocatoria de huelga que, contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, está convocada para el 8 de octubre.
2.- Hará todo lo posible para que las instituciones o personas, que están facultadas por la Constitución, para presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta privatización, lo presenten.
3.- Está estudiando la presentación de las acciones legales en los campos que sean oportunos, en contra de todos aquellos miembros del Gobierno que pudieran haber incurrido en actuaciones presuntamente ilegales participando en la decisión colegiada del Gobierno para privatizar de los registros civiles
4.- Exigirá por escrito que la negociación de la disposición, sobre cómo va a quedar el personal tras la privatización, no se cierre hasta que el trámite parlamentario llegue a su fin, con el objeto de lograr garantizar el 100% de todos los empleos actualmente existentes en toda España. Denuncia la actitud de Gallardón al dar un plazo de 7 días para negociar lo que para los registradores se ha llevado a cabo durante más de 18 meses.
5.- Exigirá, también por escrito, que todo el personal destinado actualmente en los registros civiles, cualquiera que sea su destino actual, en Registro Único, o en registro con tareas compartidas con las jurisdiccionales, o en juzgado o agrupación de juzgado de paz, y sea cuál sea el ámbito territorial en el que se encuentre destinado, tenga  garantizado su puesto de trabajo. Y para ello, debe introducirse en norma legal de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, como la LOPJ, esa garantía.
6.- No aceptará tampoco que los registros civiles sean privatizados por las consecuencias que van a sufrir todos los ciudadanos, pues el subsecretario de Justicia ha sido incapaz de garantizar que sus derechos se van a respetar.

CCOO hace un llamamiento de nuevo a todas las organizaciones sindicales para que apoyen la exijan al Ministerio de Justicia que introduzca en la reforma de la LOPJ la garantía de que todos los puestos de trabajo de las personas destinadas en cualquiera de los registros civiles de toda España y de los juzgados y agrupaciones de los juzgados de paz, de cualquier cuerpo, tengan garantizado sus puestos de trabajo, sean titulares o personal interino.